CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO DE LA EQUIDAD FAMILIAR

Han transcurrido más de tres años desde que  en nuestro país estalló el escándalo. Todos los medios de comunicación daban cuenta del genocidio que se había descubierto tras las puertas del SENAME y sus Organismos Colaboradores. Los medios audiovisual vociferaban el tema en todos sus formatos, noticieros, matinales, programas de conversación y análisis, etc. Los medios escritos, durante semanas mantuvieron la noticia en sus portadas y redactada en varias columnas, muchos noteros y periodistas se movieron entorno a este “notición”, era el escándalo del año. Hoy, ya pocos recuerdan a los más de mil trecientos niños asesinados por un servicio del estado creado, según dicen, para proteger a la infancia y a la adolescencia pero que en el fondo los explota hasta la muerte.

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En aquel entonces, la atención de los medios de comunicación, políticos y toda la ciudadanía se centró en la cantidad de niños fallecidos a raíz de los descuidos y malos tratos, pero no en el por qué estaban en ahí. Sabemos que los niños son ingresados a esta red por una orden judicial, vale decir, por una persona que ostenta el cargo de Magistrado de la República y una Consejera Técnica.

 

Según estadísticas publicadas por Bufetes.cl, del total de niños internos, el 60% corresponden, asumo adolescentes, a infractores de la ley, el 40% restante, son derivados por los Tribunales de Familia bajo medida de “protección”. (ver aquí)

 

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Si sólo nos centramos en el 40% informado hasta la fecha señalada, cabe preguntarse ¿por qué el tribunal derivó al 40% de víctimas a este servicio del estado?, ¿cual fue el pronunciamiento del Consejo Técnico en cada caso?, ¿quienes redactaron los informes y qué decían en estos para que fueran sentenciados a ser institucionalizados en la basta red de este servicio?

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Como ya sabemos, los peritajes que marcan el futuro de un niño o adolescente en los Tribunales de Familia son realizados por los mismos Organismos Colaboradores de SENAME, principalmente por sus programas DAM. Para que un niño sea derivado a esta red, los padres necesariamente deben pasar un por peritaje de habilidades parentales, donde, en el 99% de los casos papá sale mal evaluado, pero en estas causas, al parecer, pasó lo mismo con ambos padres. Pero ¿por qué al SENAME?, ¿estos niños no tienen familia extensa, abuelas, abuelos, tíos o red de protección? Es un punto que hasta hoy, como dije, nadie se ha preguntado.

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El caso de Lissette Villa de once años, fue el detonante para que esta terrible realidad saliera a la luz pública, era la tercera víctima fatal en un hogar bajo la supervisión del SENAME. Las investigaciones, dan cuenta que Conne Fritz, asistente de contador, y Thiare Oyarce realizaban labores de cuidadora de trato directo dentro del centro, ambas no tenía una formación adecuada para las funciones que cumplían, Thiare llevaba cinco meses trabajando en el centro sin contrato.

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Desde entonces, fueron saliendo a la luz uno y otro y otro caso de niños fallecidos al interior de estos centros. Pero sabemos que el genocidio va mucho más allá.

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Los peritajes de los Organismos Colaboradores son decidores a la hora de determinar el futuro de niños y adolescentes, a la desvinculación de ambos padres o sólo del papá, en escasas, muy escasas ocasiones sugieren que los cuidados personales sean entregados al padre, aunque las evidencias de vulneraciones y malos tratos reiterados por parte de la madre y su familia sean abismantes.

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En la inmensa mayoría de los peritajes realizados por los privados colaboradores del servicio y que emiten sus informes a tribunales, intervienen profesionales recién egresados y/o con muy poca experiencia. ¿Por qué estos organismos colaboradores contratan estos perfiles de profesionales los cuales sólo cuentan con un grado académico y sin especialización alguna? Al igual que en el caso de las cuidadoras de Lissette, las cuales carecían de experiencia e instrucción formal para trabajar con niños, los profesionales que contratan estas empresas son de bajo costo dada su inexperiencia lo que obviamente incrementa las utilidades.

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Razonemos con un poquito de lógica y algo de “sano juicio”. Un psicólogo del Cesfam, en la comuna de Santiago, con grado 13, percibe un ingreso bruto de $1.168.066 más horas extras. Con grado 12, persive una ingreso bruto de $1.239.650 más horas extras. Con grado 9, persive un ingreso bruto de $2.858.704 más horas extras y con grado 7, un ingreso bruto de 4.118.036 más horas extras. A todas las remuneraciones de estos grados se les deben sumar las Asignaciones Especiales según sea el caso, estipuladas estas en el artículo 3 de la ley 20.157, artículos 42 y 45 ley 19.378, artículo 01 ley 19.813 y artículo 8 Título VI ley 20.816. (ver aquí)

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Como podemos apreciar, los profesionales, dependientes del municipio señalado persiven remuneraciones aceptables y cuentan con varios cuerpos legales que les permite incrementar sus ingresos, pero como es sabido, la escala de remuneraciones de los organismos públicos está muy por debajo de las escalas remuneracionales del sector privado, por lo cual nos preguntamos ¿La escala de remuneraciones de los Organismos Colaboradores es acorde, a lo menos, con la escala remuneracional del sector público?

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En el mes de mayo de este año (2019), SENAME entregó a sus Organismos Colaboradores acreditados la suma de $17.566.555.435 con un acumulado de $83.526.335.561 (ver aquí) todo amparado bajo la ley 19.862. (ver aquí)

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En cuanto a los dineros recibidos por los Programas de Diagnostico Ambulatorio (DAM), estos perciben 8,6 Unidades de Subvención SENAME (USS) (ver artículo 33 de la ley 20.032) la cual tiene un valor 2019 de $16.250 (ver aquí) Es decir, por cada atención diagnóstica que un DAM realiza, recibe $139.750 (ver aquí, items N.º 7, línea 65)

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Según Anuario estadístico del SENAME 2017, los programas de Diagnóstico Ambulatorios (DAM) realizaron 35.733 atenciones, la USS de ese año fue de $15.480 lo que traducido el valor atención fue de $133.128 lo que nos da un total anual, sólo para esta línea de atención de $4.757.062.824. (ver aquí)

 

En relación a las atenciones de los Programas de Prevención Focalizada (PPF), durante el mismo año se realizaron 23.027 atenciones con un valor de 9,3 USS según Orientaciones Técnicas para esta línea de atención, es decir, por atención SENAME cancela $143.964 lo que traducido al valor anual nos da un total de $3.315.059.028.

 

En cuanto a los Programa Especializado en Maltrato (PRM) durante el año 2017 se realizaron 12.931 atenciones con un valor de 9,3 USS para esta línea de atención, es decir, por cada niño que este programa atendió, el servicio le pagó $143.964 lo que traducido al valor anual nos da un total de $1.861.598.484.

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Si juntamos los ingresos de los Organismos Colaboradores del SENAME, sólo en estos tres programas el servicio canceló en el año 2017 la suma de $9.933.720.336, negocio redondo.

 

Con las cifras expuestas anteriormente, sólo en tres programas del amplio surtido que componen la parrilla de ofertas de los privados que integran la industria, no podemos evitar preguntarnos, con esas cifras ¿no les es posible contratar profesionales con la preparación y experiencia necesaria para ejercer la labor de periciar a padres e hijos y emitir informes a un tribunal que determinará el futuro de un inocente y/o la relación con sus padres? En el caso de la cuidadoras de Lissette, no eran personas con preparación para trabajar con niños, por tanto, si las contrataron ¿por qué no las capacitaron?¿era muy alto el costo para estos privados?, ¿Se incrementaban mucho los gastos operacionales si hubiesen contratado personal idóneo y preparado para resguardar a Lissette y a los otros niños, niñas y adolescentes?

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Sería interesante saber, por ejemplo, qué informó el DAM en el caso de Lissette y qué recomendó en su informe. Cuanto dinero entró en las arcas del privado dueño de ese programa y cuanto al dueño del centro donde la niña fue asesinada, la preparación de la dupla psicosocial que atendió el caso...Lo mismo en todas las otras causas.

 

De momento, sólo se cuentan los más de mil trecientos niños muertos al interior de los centros que pertenecen a privados que lucran con ellos cual si se tratase de cabezas de ganado, pero ¿quién ha contabilizado a los miles de niños y adolescentes que se encuentran en programas ambulatorios como los PPF y PRM derivados a estos como consecuencia de un informe carente de profesionalismo, experiencia, ética y moral? ¿quién fiscaliza a un Consejo Técnico ineficiente y con una alta lealtad de género que vela por el interés de la madre como mujer más allá de su deber de madre y del bien supremo de los niños?. Una de las tácticas que utiliza el sistema para fomentar la industria, es darle curso a miles de denuncias falsas y sin sustento. El sustento se lo otorga el mismo sistema logrando con esto el colapso de mismo y la desantención de casos reales y urgentes donde niñas, niños y adolescentes están siendo vulnerados y maltratados de verdad y ameritan la protección de una entidad superior, pero, es más importante y suculentamente tentador fomentar aquello que genera los recursos que les permite mantener un estatus dentro de la sociedad que ellos mismos están aniquilando. Con esto demostramos que a los más de mil trecientos niños fallecidos se deben sumar todos aquellos que el mismos estado y su industria a sometido a maltrato institucional.  A estas malas prácticas se suma otro servicio del estado, me refiero al Servicio Nacional de la Mujer y sus Centro de la Mujer (de estos haremos un profundo reportaje en los próximos días) y una amplia gama de abogados coludidos con el sistema y a los cuales tenemos completamente identificados con nombres y apellidos.

 

Son miles las evidencias que acusan que estamos frente a un sistema que NO funciona, no lo hizo ayer ni lo hará mañana y que es parte fundamental de toda una industria de dolor y sufrimiento a la cual niños y padres son sometidos de manera indiscriminada… no se puede negar, esto es un genocidio.

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Son cientos las denuncias contra los Organismos Colaboradores y sus hogares, sus programas de evaluación y reparación y el estado aún no clausura esta industria, es más, propone un proyecto de ley que doblará las unidades de subvención entregadas a estos degenerados genocidas.

 

Con fecha 03 de abril del año 2018, el gobierno envía al congreso un proyecto de ley titulado “PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.032, QUE ESTABLECE SISTEMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA RED DE COLABORADORES DEL SENAME, Y SU RÉGIMEN DE SUBVENCIÓN Y EL DECRETO LEY N°2.465” (ver documento)

 

Con este acto, el gobierno actual da cuenta de ser parte activa dentro de esta máquina de dolor y sufrimiento donde tus hijos y los míos son la materia prima que mueve y sustenta esta industria.

 

A la fecha el proyecto de ley propuesto por el que dice ser presidente de todos los chilenos y chilenas se encuentra en tercer trámite constitucional. (ver aquí) y (ver aquí)

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Recuerdo hace años, salió a la luz el caso de las galletas Cómpetas ¿lo recuerdas? Donde por una partida de galletas contaminadas con nitritos fallecieron dos niños y hubieron más de setenta intoxicados. En esa oportunidad se tomó detenidos a ambos socios de la empresa y esta fue cerrada. Hoy estamos ante algo infinitamente peor, las autoridades lo saben pero la industria aún sigue abierta y funcionando a toda máquina y con proyección de una nueva inyección de capital por parte del estado y los responsables siguen libres.

 

Obviamente no se puede comparar el caso de las Galletas Competas con la Industria de la Infancia y la Adolescencia, esta última genera muchas más utilidades y está amparada por los tres poderes del estado.

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Miremos un poquito hacia el pasado. Fundación Niño y Patria realizó una gran labor con miles de niños a lo largo del país durante todos los años que tuvo bajo su alero los cuidados de los niños más vulnerados y lo hizo con muy pocos recursos. Las funcionarias y funcionarios de Carabineros que actuaban como cuidadoras recibían su sueldo de parte de la institución, la nómina de personal remunerado por la fundación no era tan alta por lo que el grueso de los recursos iban dirigidos directamente a los niños y adolescentes por tanto, si fuesen entregados los recursos que hoy perciben los Organismos Colaboradores a Fundación Niño y Patria ¿cuanto más podrían hacer?